✨︎ Resumen (TL;DR):
- Meta expandió el proyecto Hyperion a una inversión de más de 50,000 millones de dólares y una capacidad de 5 GW, consumiendo siete veces más energía que Nueva Orleans.
- La empresa obtuvo exenciones fiscales estimadas en 3,300 millones de dólares y un terreno público de 1,400 acres con facilidades de renta y compra.
- La estructura financiera permite a Meta abandonar el proyecto tras cuatro años, dejando el riesgo de la infraestructura eléctrica en los usuarios locales.
Meta amarró en secreto un acuerdo con funcionarios de Luisiana para construir Hyperion, un colosal campus de centros de datos de inteligencia artificial de 5 GW. La negociación privada garantizó a la tecnológica exenciones fiscales de hasta 20 años y el despliegue de infraestructura energética masiva, desatando cuestionamientos por la falta de transparencia y los riesgos financieros que asumirá el estado.
El proyecto, presentado a finales de 2024 como un complejo de 10,000 millones de dólares, escaló en julio de 2026 hasta superar los 50,000 millones de dólares. Sus instalaciones abarcarán casi seis millas cuadradas y demandarán más de siete veces la energía diaria de Nueva Orleans, convirtiéndolo en un devorador de recursos sin precedentes en la región.
El pacto fiscal detrás de las puertas cerradas
Para asegurar la construcción de Hyperion, Meta presionó por una resolución rápida. Funcionarios de la oficina del gobernador Jeff Landry, representantes de la eléctrica Entergy y agencias locales modificaron regulaciones a contrarreloj para acomodar las peticiones de la empresa de Mark Zuckerberg.
Entre los incentivos otorgados destaca una exención de 20 años en impuestos estatales y locales sobre las ventas y el uso de equipos críticos como servidores, sistemas de enfriamiento y procesadores gráficos (GPU). Además, mediante un acuerdo conocido como PILOT, la tecnológica pagará solo el 20% del valor tasado de su propiedad, condicionado a generar hasta 500 puestos de trabajo de tiempo completo, una meta flexible que permite promediar horas con empleos de tiempo parcial.
Aunque no hay un reporte oficial, análisis de Sherwood News estiman que los incentivos fiscales equivalen a 3,300 millones de dólares. El abogado que lideró la negociación por parte del estado, Mike Busada, defendió la medida señalando: “Solo estamos dando esto para traerlos. No queremos darles un dólar más de lo necesario”.
A esto se suma la entrega de un terreno público de 1,400 acres valorado en 12 millones de dólares, donde Meta pagará una renta anual de 732,000 dólares que se abonará directamente al costo final de adquisición.
Una salida de emergencia para Meta y riesgos para el estado
La estructura financiera elegida por Meta reduce significativamente su exposición al riesgo. La tecnológica creó una sociedad con fondos de Blue Owl Capital, donde esta última firma posee el 80% y Meta el 20% restante de un presupuesto de desarrollo de 27,000 millones de dólares.
El contrato establece un arrendamiento inicial de solo cuatro años con opciones de extensión. Organizaciones civiles como Earthjustice denunciaron ante los reguladores que esta cláusula permite a Meta retirarse prematuramente, dejando a los clientes residenciales de la eléctrica Entergy pagando el costo de las tres nuevas plantas de gas construidas específicamente para el proyecto. A pesar de las advertencias, la Comisión de Servicio Público de Luisiana rechazó investigar el pacto en febrero de 2026.
El desarrollo también quedó salpicado por conflictos de interés. El senador estatal Jay Morris votó a favor de los incentivos fiscales y, solo cuatro semanas después, concretó la venta de casi 300 acres de su propiedad a Entergy para levantar una de las plantas de gas del complejo. Morris argumentó que los acuerdos de confidencialidad le impidieron revelar la transacción antes de la votación legislativa.
Impacto local inmediato contra consecuencias a largo plazo
Meta afirma que su llegada ya generó más de 1,600 millones de dólares en contratos locales y compromete otros 1,000 millones para renovar sistemas de agua y carreteras. En Richland Parish, algunos maestros de escuelas públicas recibieron bonos de hasta 50,000 dólares financiados por la derrama económica de la obra.
Sin embargo, el beneficio inmediato contrasta con el aumento del tráfico, el encarecimiento de las rentas y la escasez de vivienda para los residentes locales. La comunidad se enfrenta ahora a la realidad de un megaproyecto negociado en privado que comprometerá el suministro eléctrico y el presupuesto fiscal de la región durante las próximas décadas.
