✨︎ Resumen (TL;DR):
- La Autoridad Neerlandesa de Protección de Datos decidió multar a Uber por suspender o desactivar cuentas de conductores mediante sistemas automatizados sin información suficiente.
- El expediente reúne incidentes ocurridos entre 2020 y 2022, y la sanción sería la segunda mayor emitida bajo el RGPD.
- Uber rechaza las conclusiones, niega desactivaciones permanentes sin revisión humana y anunció que apelará.
La Autoridad Neerlandesa de Protección de Datos (AP) decidió multar a Uber con €825 millones por considerar que la plataforma vulneró los derechos de conductores europeos. El regulador señaló que sus sistemas automatizados suspendieron o desactivaron cuentas sin dar información suficiente sobre cómo se tomó la decisión. Uber rechaza las conclusiones, niega las desactivaciones permanentes sin revisión humana y apelará.
El expediente reúne incidentes ocurridos entre 2020 y 2022 y comenzó con quejas presentadas por conductores en Francia. La AP lo tomó porque Uber tiene en Países Bajos su sede europea.
La resolución está fechada el 17 de agosto. Cuando aparecieron los reportes del 21 de agosto, la sanción todavía no se había anunciado formalmente y seguía sujeta a apelación. Si se mantiene, sería la segunda mayor multa emitida bajo el RGPD.
El punto en disputa: quién tomó la decisión
Uber usaba sistemas para detectar patrones que podían indicar fraude. Entre las señales estaban desvíos considerados innecesarios para aumentar una tarifa y viajes aceptados sin intención de completarlos.
Esas alertas podían llevar a una suspensión temporal mientras la empresa revisaba la actividad de la cuenta. La AP concluyó que, en algunos casos, el sistema pasó de ayudar a evaluar el riesgo a decidir el resultado.
La resolución señala que algunos conductores con calificaciones bajas fueron desactivados permanentemente por un sistema automatizado y no recibieron suficiente información sobre la decisión. Con ello, el regulador consideró vulnerados dos derechos: no quedar sujetos a una decisión exclusivamente automatizada con efectos jurídicos o un impacto similarmente significativo, y saber cómo se tomó esa decisión.
Uber sostiene que las suspensiones por posibles fraudes solían durar poco y que nunca desactivó permanentemente una cuenta sin revisión humana. La empresa también dijo que 126 conductores en Europa perdieron el acceso por bajas calificaciones durante 2021.
Ese número se refiere únicamente a esa categoría de casos. Uber lo presentó para argumentar que la multa es desproporcionada, pero no representa todos los incidentes revisados entre 2020 y 2022.
El artículo 22 limita las decisiones automatizadas
Decisión exclusivamente automatizada es una determinación basada únicamente en el procesamiento automatizado que produce efectos jurídicos o afecta de manera significativa a una persona.
El artículo 22 del RGPD reconoce el derecho a no quedar sometido a una decisión de ese tipo. La norma contempla excepciones, pero en los casos aplicables exige salvaguardas para que la persona pueda:
- obtener intervención humana;
- expresar su propio punto de vista;
- impugnar la decisión.
El problema planteado por la AP no es el uso de tecnología para detectar patrones de riesgo. La pregunta es si los sistemas de Uber se limitaron a aportar información o si decidieron quién perdía el acceso a la plataforma. También está en juego si la empresa explicó la decisión y ofreció una vía de revisión suficiente.
El efecto económico es directo. Una suspensión puede impedir que un conductor acepte viajes y genere ingresos, aunque dure poco. Por eso el regulador trató el acceso a la cuenta como una decisión con consecuencias relevantes, no como un ajuste menor del servicio.
Uber apelará y la cifra sigue abierta
Uber rechazó tanto las conclusiones como el monto. La compañía afirma que el expediente revisa políticas históricas que abandonó hace años y que sus prácticas actuales incluyen revisión humana, salvaguardas y mecanismos para impugnar una suspensión.
La apelación mantiene abierta la infracción y la cuantía. Las grandes multas europeas contra compañías tecnológicas pueden reducirse o revertirse después de procesos que duran años. Por ahora, los €825 millones no son un pago definitivo.
Si la sanción se mantiene, quedaría solo por debajo de los €1,200 millones que el regulador irlandés impuso a Meta en 2023. Meta también impugnó esa multa.
El recurso tendrá que resolver la disputa central: si los sistemas de Uber solo señalaban posibles riesgos o si terminaron decidiendo la pérdida de acceso. La otra pregunta es si los conductores recibieron intervención humana significativa e información suficiente para impugnar la medida.
