Ignacio Peralta, subsecretario de comunicaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), aseguró que la Ley Secundaria en Telecomunicaciones facultará a la autoridad para solicitar acceso a información confidencial que permita procurar la justicia y salvaguardar la seguridad nacional. Sin embargo, los organismos gubernamentales que recurran a esa medida necesitarán una orden judicial antes de exigir la colaboración de proveedores de servicios de Internet.
El funcionario insistió en que el mecanismo no es una excusa artificiosa para encubrir políticas de espionaje, pues su propósito no es trasgredir la privacidad de la ciudadanía, sino proteger sus garantías y derechos. Señaló, además, que la reforma se someterá a la rigurosa examinación de los legisladores, quienes tendrán la última palabra sobre la validez constitucional de sus términos y cláusulas.
En relación con la capacidad del Gobierno Federal para vigilar activamente contenidos en Internet, Peralta señaló que ése es un asunto concerniente a la jurisdicción de las instancias federales, quienes, en último término, definirán si una transmisión o archivo infringe el orden público. Indicó que las observaciones del Gobierno Federal hacia contenidos digitales sólo se centrarán en la persecución de publicidad engañosa y en la seguridad de campañas y publicaciones dirigidas a niños.
El subsecretario especificó también que las concesiones de servicios y del espectro radiofónico nacional dependen del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y que la dependencia a la que pertenece, la SCT, únicamente puede emitir una opinión no determinante al respecto. Finalmente, anotó que es urgente aprobar la Ley Secundaria en Telecomunicaciones, pues la reforma asociada se avaló desde el año pasado.
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