✨︎ Resumen (TL;DR):
- Apple y el Departamento de Justicia de EE. UU. sostienen pláticas preliminares para resolver la demanda antimonopolio iniciada en marzo de 2024.
- El gobierno exige cambios profundos en cinco prácticas del iPhone, incluyendo restricciones a super apps, wallets digitales y iMessage.
- Un pacto federal no detiene el caso automáticamente, ya que 16 fiscalías estatales codemandantes pueden continuar el litigio por su cuenta.
Apple y el Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciaron conversaciones preliminares para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la histórica demanda por prácticas monopólicas en el mercado de smartphones, según reportó Bloomberg.
El caso, radicado en una corte federal de Nueva Jersey desde marzo de 2024, acusa a la firma tecnológica de sostener un monopolio mediante restricciones de software y condiciones contractuales estrictas para los desarrolladores.
A diferencia de otros litigios corporativos, el gobierno de EE. UU. no busca una indemnización económica. Su objetivo prioritario es imponer medidas correctivas que transformen las reglas de distribución de software dentro del ecosistema cerrado del iPhone.
Las cinco restricciones que el gobierno quiere eliminar
La acusación federal apunta de forma directa contra cinco políticas del fabricante que supuestamente impiden la competencia en el mercado:
- El freno al crecimiento de las super apps que facilitan el cambio de sistema operativo.
- El bloqueo a plataformas de streaming de videojuegos en la nube.
- La degradación de la mensajería entre plataformas, afectando la experiencia de comunicación fuera de iMessage.
- La funcionalidad reducida que experimentan los relojes inteligentes de otras marcas al conectarse con iOS.
- El veto a pasarelas de pago de terceros para utilizar el chip NFC del dispositivo.
Aunque la compañía de Cupertino intentó desechar el caso, el juez Julien Neals rechazó su moción de desestimación en junio de 2025, lo que obligó a llevar el expediente a la fase de recolección de pruebas.
El fantasma de Live Nation y la rebelión de los estados
Un pacto con la oficina federal en Washington no garantiza el cierre absoluto del caso. La estructura de la demanda incluye a 16 fiscalías estatales codemandantes que tienen la facultad de mantener su propio litigio de forma independiente.
El precedente más cercano ocurrió en el caso de Live Nation. Aunque la boletera firmó un trato federal, una coalición de estados inconformes persistió en su reclamo argumentando que los términos del gobierno “parecen ser insuficientes para aumentar de forma significativa la competencia en los mercados relevantes”. Eventualmente, un jurado declaró culpable a la empresa de prácticas monopólicas en abril de 2026 de todas formas.
Además, bajo la Ley Tunney de Estados Unidos, cualquier arreglo de conciliación debe someterse a una revisión judicial pública. Un juez federal determinará si el pacto propuesto realmente beneficia el interés de los consumidores antes de darle luz verde.
El giro de la seguridad nacional a favor de Apple
El acercamiento coincide con un revés legal para el gobierno. El 15 de julio de 2026, el mediador judicial Jose Linares falló a favor de Apple, obligando a entregar registros de compra de smartphones de 14 agencias federales, incluyendo el Pentágono, la CIA y la NSA.
La tecnológica argumenta que si las agencias encargadas de la seguridad nacional del país eligen el iPhone precisamente por sus protocolos cerrados de seguridad, dichas medidas no pueden calificarse de anticompetitivas.
Un impacto indirecto fuera de Estados Unidos
Para los usuarios en México y el resto de la región, esta batalla legal tiene implicaciones mayormente indirectas, ya que se enfoca exclusivamente en las condiciones del mercado estadounidense.
Los verdaderos cambios de apertura en la plataforma de Apple han llegado de reguladores locales. En diciembre de 2025, la compañía resolvió su disputa con el CADE de Brasil, permitiendo que desde junio de 2026 los desarrolladores brasileños ofrezcan tiendas alternativas y pagos externos, un esquema similar al que ya implementó en la Unión Europea y Japón.
