A comienzos de esta semana, el líder de la bancada de Morena en el senado, Ricardo Monreal, hizo pública mediante su página personal una propuesta de regulación de redes sociales. A partir de dicha iniciativa, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) ha advertido las preocupaciones que encuentra en la propuesta del senador.
Uno de los puntos centrales argumentado en el documento de la ALAI es la capacidad de regulación absoluta que tendría el estado mexicano de implementarse la iniciativa, esto a partir de la definición de redes sociales que se plantea. De modo que de aprobarse, se podría poner en riesgo el carácter descentralizado y abierto de la propia Internet.
Otro de los puntos importantes de la propuesta del político es la idea de que el estado mexicano puede regular el contenido, ya que es el proveedor de la infraestructura. No obstante, de acuerdo con el análisis de la asociación, no corresponde al regulador de telecomunicación decidir en materia de libertad de expresión.
⚠ Desde @alai_lat expresamos nuestra posición sobre la iniciativa del Senador @RicardoMonrealA en #México. Nuestro comunicado completo acá👉https://t.co/SBWQoh1KGZ #InternetLibre pic.twitter.com/pWvg2ojYPT
— ALAI (@alai_lat) February 9, 2021
Es necesario mencionar que, de aprobarse esta iniciativa de Morena tal como se publicó, miles de usuarios se verían afectados económicamente con la regulación, ya que se impactaría a las personas que suelen enfocar sus negocios y emprendimiento en las plataformas.
Respecto a la regulación de los algoritmos que propone la iniciativa, el contrargumento se centra en el desconocimiento de la cantidad de cuentas que son eliminadas cada día gracias a los algoritmos que se han implementado, una medida de seguridad que podría eliminarse.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC sería otra cuestión en la que se interferiría si se llegase a aprobar la iniciativa de regulación de redes sociales. De acuerdo con la ALAI, se pondrían barreras injustificadas al comercio digital con los países que forman parte del tratado, lo que generaría incertidumbre jurídica y limitaría el flujo transfronterizo de datos.
“Esta regulación tendría impactos negativos sobre el desarrollo digital de México como vehículo para la recuperación económica y el desarrollo humano y social, dadas las barreras para usar libremente las redes sociales como medio de difusión de productos, servicios y diversas causas sociales…”, se afirma en la postura de la ALAI.
Comunicado de la Asociación Latinoamericana de Internet @alai_lat sobre iniciativa de @RicardoMonrealA para regular RRSS:
— Enea Salgado (@Enea_Salgado) February 9, 2021
"El proyecto de ley tendría claras implicaciones y riesgos significativos en la libertad de expresión, acceso a la información [...] opuestos a los buscados" pic.twitter.com/3Wjn0FBAIM
Regulaciones y servicios
La regulación de algunos servicios tecnológicos es un debate que aún es joven en varias partes del mundo, sin embargo, en ocasiones ha rendido frutos. Este es el caso del trabajo que realizó el reglamento europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos: GDPR, por sus siglas en inglés (General Data Protection Regulation), al defender a la población europea frente a la política de privacidad de WhatsApp a comienzos de este año.
Esto no significa que cualquier cosa en la que intervenga una institución garantice que se realizarán regulaciones justas, adecuadas y, sobre todo, que logren mantener la delgada línea de diferencia entre regular y controlar. Puesto que aún se trata de un borrador, la ALAI exhortó a los usuarios, organizaciones de derechos humanos y digitales, periodistas, académicos, estudiantes, emprendedores, pequeñas y medianas empresas, entre otros, a hacer escuchar sus puntos de vista frente a la iniciativa, y que estas puedan ser tomadas en cuenta. De acuerdo con la organización, es importante que todas las voces interesadas participen con el fin de reducir una afectación, que calificó de “permanente”, a la libertad de expresión, la innovación, la seguridad en línea e incluso a la economía digital.
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