Tengo familiares que son taxistas y siento mucha empatía ante la complicada situación que deben enfrentar todos los días en la Ciudad de México —y zona metropolitana—, sin mencionar que suelo enojarme cada vez que comparten conmigo las experiencias que viven al tratar de mantenerse dentro de la exigente regulación del gobierno: concesiones, revalidaciones, tarjetones, licencias, revista, cromática, seguros, taxímetros y verificaciones por mencionar los que están escritos en la ley; los demás están "debajo del agua". También soy usuario, así que no puedo evitar darme cuenta de las deficiencias que existen en esta clase de servicios. Los que habitamos en el Distrito Federal y zonas aledañas tenemos historias al respecto, desde tarifas modificadas y caras largas hasta agresiones verbales e incluso, físicas.
Aunque en inicio me parecía más sencillo salir a la calle para pedir un taxi, en últimos meses me he vuelto usuario muy asiduo de Uber y los beneficios son enormes. Van más allá de la conveniencia, pues además de que el proceso es simple y eficaz, resulta mucho más seguro que subir al vehículo de un desconocido —cualquier taxi—, quien a veces ni siquiera es el que aparece en la foto del tarjetón. Ya sé que en India sucedió un caso de violación, pero desde entonces Uber mejoró considerablemente su normativa, al punto de implementar un botón de emergencia en la app que alerta directamente a las autoridades de aquel país; lo mejor es que esa característica se estandarizará en todo el mundo. En pocas palabras, hay un compromiso real del servicio con los clientes. Mientras tanto, pareciera que las organizaciones de taxistas se ponen de acuerdo únicamente para hinchar sus bolsillos de dinero —al menos en el DF, en específico los dirigentes de dichas asociaciones—; no es una regla y siendo justos, es algo que también afecta a al taxista promedio, pero al final, los usuarios somos quienes sufrimos la consecuencia en última instancia.
A diferencia de un taxi promedio, para Uber es requisito la amabilidad, que las unidades estén impecables y garantizar la seguridad de los clientes
Como todo en la industria de servicios, es fundamental evolucionar o perder ante un competidor más fuerte. Los taxis existen desde hace décadas, pero su estructura y concepto se volvió obsoleto ante la modernidad tan ubicua que ofrecen los dispositivos móviles. Si estas organizaciones en verdad quieren una competencia justa —no sólo contra Uber, sino para satisfacer las necesidades de sus clientes—, necesitan actualizar su esquema, ya que de momento no hay forma de que igualen la oferta de servicios de Uber, Cabify y cualquier otra app similar: acceso desde un smartphone, información precisa acerca del servicio, garantía de viaje seguro, en fin, los beneficios derivados de la tecnología móvil.
¿A qué viene mi queja? El 6 de mayo, el gobierno federal puso en marcha operativos —a través del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA)— para remitir al corralón a todos los vehículos que sean sorprendidos prestando servicios bajo los lineamientos de Uber, Cabify, DameUnAventón y parecidos. Dado que los choferes asociados con estas plataformas no cuentan con un permiso oficial del gobierno para transportar pasajeros, su actividad lucrativa es considerada ilegal. El plan va a gran escala: Taxitas Organizados de la Ciudad de México (TOCDMX) colaborará con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para proporcionar datos certeros de cómo operan Uber y Cabify, y así puedan detectar más fácil a sus conductores. De acuerdo con declaraciones de José Luis Valle, coordinador de Verificación al Transporte de INVEA, se atacarán los puntos físicos de reclutamiento de esta clase de servicios, además de que se buscará la forma de minar información de los choferes —domicilios y nombres— para actuar directamente. Obviamente, para conseguir esa lista el gobierno acudirá de manera poco amigable con las personas encargadas de cada servicio. De manera explícita, Daniel Medina, vocero de TOCDMX, dijo que irán contra las cabezas de la empresa, con la intención de llegar hasta las últimas consecuencias.
Ahora bien, dejemos algo muy en claro: bajo la normatividad de servicios de transporte de pasajeros en la Ciudad de México, Uber sí es ilegal. Después de todo, es verdad que los choferes no cuentan con permiso del gobierno local para operar. Todo se maneja de manera interna en la empresa que presta el servicio, así que de cierto modo, los taxistas no están tan errados, pero el problema es mucho más complejo. Como ya es costumbre, los cambios en la legislación —de cualquier tipo— son muy lentos ante lo cambiante de la tecnología. Es evidente que la economía de la compartición, con su constante evolución, ni siquiera está considerada en la regulación de nuestro país y, sólo para poner las cosas en contexto, tampoco en Estados Unidos ni Europa. Es decir, antes de siquiera iniciar un plan de operativos y emitir sanciones, hace falta crear una ley al respecto (la oportunidad se desaprovechó con la reciente Ley de Movilidad) y sobre todo, encontrar el modo de integrar las nuevas ofertas de servicio a las que ya existen, porque los taxis simplemente no van a actualizarse para brindarnos lo que tenemos con Uber. Ése es compromiso del gobierno y no tendría por qué involucrar a las organizaciones de taxistas en la operación, ya sea de legislación o de "captura" de choferes de Uber, y tampoco debería ser importante cuánto afecte a dichos gremios.
Claro, Uber no es perfecto, hay cosas que necesita corregir y mejorar: Olvidé mi iPhone en el Uber y ésta fue mi experiencia
Dicho lo anterior, queda aclarar que otro rasgo obvio de toda la situación es que tiene tintes políticos. Por una parte, es bien sabido que ciertos partidos han llegado a acuerdos con algunos grupos de taxistas para garantizar su voto —siempre ha sucedido, simplemente cambia el tipo de grupo social que se compromete—. La acción tan repentina y eficaz por parte del gobierno capitalino es sospechosa y, desde luego, no podemos hacer ninguna acusación porque falta evidencia, pero si han tardado años en responder a las peticiones de los taxistas respecto a otros temas, ¿por qué ahora las autoridades están tan dispuestas a hacer algo para mantener felices a las asociaciones de taxistas? La respuesta puede tener incontables vertientes. En mi opinión, no debería hacer falta dar mucha vuelta al tema.
Lo cierto es que en medio de la batalla entre el gobierno del DF, Uber y los taxistas, estamos las personas que usamos los servicios todos los días. No se trata de tomar un bando para salir a las calles, manifestarse y terminar en violencia. Simplemente hay que hacer las cosas de forma civilizada y coherente, exigir lo que más nos conviene como clientes de esos servicios de transporte y, en este caso, sumarnos a las colectas de firmas, expresar el descontento en redes sociales (recuerden, es #UberSeQueda), pero aún más importante, concientizar a la gente acerca de cuál es el verdadero problema. Sólo así habrá un cambio real.
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