Tribunal griego condena a prisión a creadores del spyware Predator

Tribunal griego condena a prisión a creadores del spyware Predator

Un tribunal griego condenó a ejecutivos de Intellexa a 8 años de prisión por espiar a más de 90 políticos y periodistas con el malware Predator.

Por Humberto Toledo el 26 febrero, 2026

💡 Resumen (TL;DR):

  • Un juzgado de Atenas condenó a cuatro ejecutivos de la empresa Intellexa a ocho años de cárcel por espionaje ilegal.
  • La Autoridad de Privacidad de Grecia documentó el hackeo a más de 90 políticos, militares y periodistas entre 2020 y 2022.
  • Esta sentencia marca un precedente histórico global al encarcelar directamente a los fabricantes de software de cibervigilancia.

Un tribunal en Grecia condenó a cuatro directivos vinculados a la empresa de vigilancia Intellexa a ocho años de prisión. Los ejecutivos orquestaron una operación masiva de espionaje utilizando el spyware Predator para intervenir los celulares de políticos, periodistas y militares de alto rango. Este fallo marca la primera vez que los creadores de tecnología de cibervigilancia enfrentan penas de cárcel por el abuso de su plataforma.

El Segundo Juzgado Unipersonal de Delitos Menores de Atenas dictó una sentencia combinada de 126 años y ocho meses. Sin embargo, la legislación penal griega limita el tiempo máximo de reclusión en estos casos a ocho años efectivos.

La justicia encontró culpables al fundador de Intellexa y exoficial de inteligencia israelí, Tal Dilian; a su socia Sara Aleksandra Fayssal Hamou; al exadministrador adjunto Felix Bitzios; y al empresario Yiannis Lavranos. Los cargos incluyen violar la confidencialidad de comunicaciones telefónicas, alterar bases de datos personales y hackear sistemas informáticos.

El juez presidente Nikos Askianakis rechazó aplicar circunstancias atenuantes. Askianakis declaró que los acusados actuaron con “intención conjunta” para extraer los datos privados de las víctimas. También subrayó la intervención de “terceros desconocidos”, abriendo la puerta a una investigación de la Fiscalía de Atenas por espionaje que podría implicar a agencias de inteligencia extranjeras.

El “Watergate griego” y la red dual de monitoreo

Predator es un spyware comercial que vulnera la seguridad de los smartphones para controlar micrófonos, robar archivos y monitorear actividad en tiempo real. La Autoridad Helénica para la Seguridad y Privacidad de las Comunicaciones (ADAE) demostró que el software atacó a más de 90 personas entre 2020 y 2022.

El escándalo detonó a principios de 2022. El periodista Thanassis Koukakis descubrió que el servicio nacional de inteligencia de Grecia (EYP) y la red de Predator vigilaban simultáneamente su celular. Al concluir la audiencia, Koukakis declaró estar “extremadamente satisfecho” con un veredicto “justo” que, según sus palabras, “allanó el camino” para enjuiciar a más responsables.

  • La crisis obligó a renunciar a Panagiotis Kontoleon, director del EYP.
  • Grigoris Dimitriadis, jefe de gabinete y sobrino del primer ministro, también dejó su cargo.
  • El gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis negó reiteradamente operar el spyware, logrando sobrevivir a un voto de censura en el parlamento.

Intervención de Estados Unidos y clientes ocultos

El gobierno de Joe Biden impuso sanciones a Intellexa en 2024. Fue la primera vez que el Departamento del Tesoro castigó a entidades corporativas por comercializar herramientas de hackeo invasivo. En diciembre de 2025, la administración Trump levantó el castigo contra tres ejecutivos argumentando un “proceso administrativo de rutina”, manteniendo solo a Dilian en la lista negra.

En julio de 2024, la Corte Suprema de Grecia absolvió a los oficiales de inteligencia locales. La organización Reporteros Sin Fronteras definió esa decisión como “un nuevo golpe a la libertad de prensa”.

Hoy la condena contra los creadores del software expone la impunidad estructural de la industria del espionaje, pero deja intactos a los compradores finales. Christos Kaklamanis, abogado del líder opositor Nikos Androulakis, cuestionó abiertamente la profundidad del proceso: “Uno podría preguntarse si el caso fue investigado genuinamente o si se hicieron esfuerzos para ocultarlo”.

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