Era casi evidente que después de que el Parlamento Europeo diera órdenes a Google de implementar el derecho a ser olvidado, comenzarían los abusos. Lamentablemente, no pasó mucho tiempo para que sucediera una situación excesiva pues David Drummond, el director del departamento legal de Google, dice que en tan sólo un par de meses se recibieron 70,000 solicitudes, de las cuales el mayor porcentaje corresponde a personas con antecedentes criminales y a políticos que cometieron algún acto de corrupción.
La situación se originó tras un intenso debate entre Google, algunos miembros de la cámara de representantes de la Unión Europea y ciertas entidades gubernamentales que defienden la privacidad de los ciudadanos. El argumento es que los individuos tienen derecho a borrar de la red toda la información que sea dañina para su imagen pública, siempre y cuando se trate de un acto distante en el pasado o que difiera de la actitud actual del sujeto. En pocas palabras, la exigencia para Google es que elimine de su buscador los resultados de cada persona que lo solicite, bajo lineamientos vagos y ambiguos.
Sin embargo, Drummond dijo en entrevista para el periódico The Guardian que en muchos de los casos no es un adolescente que sufre de bullying en Facebook a causa de una foto vergonzosa, ni de material que pueda usarse para extorsionar a un empresario inocente, sino de gente que a la fecha sigue cometiendo actos cuestionables por la sociedad. "Los ejemplos que hemos visto hasta el momento remarcan la dificultad que enfrentan los motores de búsqueda para proteger a la población: políticos que quieren remover propaganda negativa que puede dañar su campaña, criminales violentos que desean borrar sus graves crímenes, profesionales como médicos y arquitectos que buscan eliminar reseñas que demuestran su ineptitud.", detalló el representante de Google. Asimismo, explicó que hay un equipo especializado para procesar los solicitudes de manera individual, sin contexto y con información limitada correspondiente a cada caso.
Google asegura que el eje de la problemática radica en mediar cada caso, pues el compromiso es casi el mismo que el de un juicio legal, pero sin el beneficio de un jurado para dar peso a la valoración: "Nos regimos por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y así es como hemos restringido información difamatoria por indicación de la Suprema Corte de Justicia, removimos contenido relacionado a piratería, eliminamos referencias que direccionaban a malware, quitamos información bancaria de clientes hackeados y, más importante aún, suprimimos todos los vínculos a imágenes o videos de abuso sexual a niños".
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