Las leyes de 48 entidades de Estados Unidos impiden que una automotriz venda directamente sus modelos al consumidor final, de manera que las adquisiciones de automóviles requieren la participación obligatoria de intermediarios. Tesla Motors, la mayor empresa de diseño y fabricación de vehículos eléctricos, actualmente está en medio de una pugna legal por el derecho a comercializar sus productos bajo un esquema opuesto.
La Federal Trade Commission (FTC) de Estados Unidos está a favor de la iniciativa de Tesla, según lo demostró hoy, 24 de abril, mediante una publicación en su blog oficial. La agencia considera que hay intereses particulares detrás de las acciones que se han tomado en contra de la empresa, de entre las cuales destaca el veto de venta de su popular Model S en Arizona, Texas, Virginia y Nueva Jersey.
“Los consumidores y los negocios de Estados Unidos se benefician de una economía diversa y dinámica donde las nuevas tecnologías y sistemas mercantiles pueden y han interrumpido [la operación de] industrias tanto estables como estancadas. Cuando eso ocurre en una empresa sujeta a regulaciones extensivas, los giros existentes —como los distribuidores de automóviles— a menudo responden presionando a los legisladores a restringir o incluso prohibir a las nuevas firmas que amenazan con sacudir su mercado”, indica la publicación.
Aun si el modelo de Testa está en contra de la legislación vigente, debe considerarse que la compañía abarca un nicho de mercado sumamente pequeño, de manera que no representa ningún riesgo para las grandes automotrices. Por desgracia, todo lo que Testa puede hacer es esperar y acatarse a las resoluciones legales.
“Lo que [Tesla] podría representar es un cambio real en la manera en la que los automóviles se venden, que podría permitirle expandirse en el futuro y hacer que su esquema sea atractivo para otros fabricantes, incipientes o no, y para los consumidores. Nuestro punto no consiste en demostrar que los nuevos métodos de venta son necesariamente superiores a los tradicionales. El cambio es una dimensión crítica del proceso competitivo. Los legisladores deben diferenciar entre las regulaciones que realmente protegen a los consumidores y aquellas que sólo protegen a los regulados”, señala el documento.
Deja tu comentario