El Sistema Técnico de Vigilancia: el brazo de espionaje del gobierno mexicano

Las recientes revelaciones sobre el Program Review Instrument For Systems Monitoring (PRISM, por sus siglas en inglés) alertaron a los ciudadanos del mundo sobre el espionaje que ejercen los gobiernos sobre sus datos personales. En México, para hablar sobre la vigilancia en las telecomunicaciones, es indispensable recordar al Sistema Técnico de Vigilancia: un equipo obtenido en 2007 por el gobierno federal y proveniente de Estados Unidos, para el combate a la delincuencia organizada.

El tema del Sistema Técnico de Vigilancia fue tocado hace unas semanas por Danger Room, el blog de seguridad de la prestigiosa revista Wired, en el contexto de la visita del presidente Barack Obama a México. Jimmy Johnson de The Electronic Intifada, por otra parte, habló del papel de la firma israelí Verint en el espionaje de comunicaciones en la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué es este sistema y cómo lo hemos ignorado hasta el momento?

En el marco de la cooperación entre México y Estados Unidos para el combate al narcotráfico, el gobierno mexicano ha recibido tecnología para facilitar la detección de los criminales. En 2006, bajo el gobierno de Felipe Calderón, la Secretaría de Seguridad Pública obtuvo 30 unidades de monitoreo e intercepción de telecomunicaciones. Este equipo fue entregado mediante Verint, gracias a una licitación del gobierno de EE. UU. Un año después, en 2007, también se equipó a la Agencia Federal de Investigaciones con unidades para espionaje e inteligencia.

Estos equipos son capaces, entre otras cosas, de interceptar comunicaciones en protocolos TDMA, CDMA, GSM, IDEN, AMPS y PCS (es decir, prácticamente todas las tecnologías de telefonía móvil en México), así como el descifrado de mensaje de texto (SMS). El sistema de intercepción puede proporcionar información en tiempo real mediante monitoreo y grabación de llamadas; además, el centro de monitoreo tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 25 mil horas. De cada llamada interceptada, se obtienen datos como la fecha, hora de inicio y término, duración, número entrante, número saliente, números en conferencia y si fue llamada entrante o saliente, entre otros.

Igualmente, el equipo permite crear una base de datos de voces para análisis e identificación posterior; tiene la facultad de localizar objetivos móviles en un mapa de forma automática y en tiempo real (geolocalización); y puede transferir las llamadas monitoreadas a un agente operativo también en tiempo real. Además, el sistema no se limita a monitorear telefonía; tiene la capacidad de interceptar correo electrónico en protocolos POP3, SMTP y MIME, transferencia de archivos (FTP), Telnet, chat (IRC) y servicios de voz sobre IP (VoIP).

En 2012, el tema resurgió gracias a que la Electronic Frontier Foundation encontró una solicitud de licitación de la Secretaría de Seguridad Pública para aumentar el número de unidades análisis de 30 a 107. También se adquirieron licencias del Reliant Monitoring System de Verint, el cual es descrito en su página de producto como un dispositivo capaz de "interceptar, filtrar y analizar comunicaciones de voz, Internet, satélite móvil y telefonía móvil en acuerdo con los mandatos legales de intercepción".

Si el sistema opera desde 2006, ¿por qué ahora es un tema relevante? Principalmente por un cambio significativo en el aspecto legal en México, que ocurrió después de la aprobación de una serie de reformas conocida públicamente como la Ley de Geolocalización. En marzo de 2012, se aprobó por unanimidad una modificación que faculta a las agencias de seguridad pública a solicitar datos de terceros a los proveedores de servicios de Internet sin una orden judicial, sólo bajo sospecha. En contraparte, las operadoras que se nieguen a entregar la información, pueden recibir una multa por negarse a cooperar. Actualmente, la Ley de Geolocalización se encuentra impugnada (pero vigente) por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debido a su inconstitucionalidad.

El problema es que la reforma proporciona poder discrecional e ilimitado a las agencias de seguridad pública. La pregunta más importante sería ¿qué garantiza que no existirá un abuso de poder? Prácticamente nada. La vigilancia puede ser utilizada como un mecanismo de espionaje político, como en el caso de Colombia, que entre 2002 y 2005, el gobierno federal usó un sistema de vigilancia provisto por Estados Unidos para vigilar a periodistas, líderes sindicales y disidentes.

En México, hay razones para sospechar de mal uso del sistema, pues un cable de filtrado por WikiLeaks, fechado en marzo de 2010, reveló que los servicios de inteligencia mexicanos son empleados como un brazo de espionaje interno contra activistas, periodistas críticos y políticos de oposición. Por supuesto, el escenario ha cambiado. La SSP ya no es un organismo con tanto poder como durante la gestión de Felipe Calderón. La nueva administración decidió centralizar sus esfuerzos de seguridad mediante la Secretaría de Gobernación e incluso anunció el replanteamiento de la estrategia contra el crimen organizado (incluido el grado de cooperación con Estados Unidos).

¿El cambio de situación es motivo para sentirnos más seguros? No. El Sistema Técnico de Vigilancia aún existe y, desde hace 7 años funciona como un brazo de vigilancia para el gobierno federal, para la Sección de Asuntos sobre Narcóticos (NAS, por sus siglas en inglés) y, en general, para el Departamento de Estado de EE. UU. A pesar de los riesgos de violación de la privacidad a la sociedad civil, no hay signos de que esta administración busque transparentar o detener su uso. Quizá por eso sea escasa la cobertura mediática y haya poco debate público sobre las implicaciones de PRISM en México. Posiblemente se deba a que ya estamos demasiado acostumbrados.