💡 Resumen (TL;DR):
- Estados Unidos revocó las visas de 3 funcionarios chilenos por su vínculo con un proyecto de telecomunicaciones respaldado por China.
- El cable transpacífico de 19,873 kilómetros costaría $500 millones de dólares y conectaría a Chile directo con Hong Kong.
- La crisis diplomática deja al gobierno entrante de José Antonio Kast atrapado entre las presiones de Washington y Beijing.
El gobierno de Estados Unidos canceló las visas de tres funcionarios chilenos el 20 de febrero debido a su participación en un proyecto de cable submarino de fibra óptica financiado por China. La sanción detonó un choque diplomático frontal entre Washington y Santiago, elevando la tensión durante la transición de poder entre el presidente saliente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast.
El Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a los funcionarios de haber “dirigido, autorizado, financiado, proporcionado un apoyo significativo y/o llevado a cabo actividades a sabiendas que comprometían la infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaban la seguridad regional en nuestro hemisferio”.
Aunque Washington no publicó nombres concretos, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, confirmó la medida mediante un mensaje en video donde declaró: “Lamento profundamente esto”. Los otros sancionados son el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y el jefe de gabinete de la Subtel, Guillermo Petersen.
El polémico Chile-China Express
Chile-China Express es un proyecto de cable submarino que recorrería 19,873 kilómetros desde la ciudad costera de Concón hasta Hong Kong. Esta infraestructura representaría la primera ruta de datos transpacífica que evita por completo el enrutamiento a través de Norteamérica.
- El desarrollo requiere una inversión de $500 millones de dólares.
- Cuenta con el respaldo de China Mobile International.
- Involucra a HMN Technologies, empresa que adquirió el negocio de cables submarinos de Huawei.
El pasado 27 de enero, Muñoz firmó un decreto que otorgaba a la filial CMI Chile SpA una concesión de 30 años para operar el cable. El gobierno anuló el documento apenas 48 horas después por supuestos errores técnicos y aclaró que el plan seguía bajo evaluación oficial.
La respuesta de Santiago a las sanciones estadounidenses fue inmediata. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, calificó las acusaciones como “absolutamente falsas” y citó al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, para exigir explicaciones. En un comunicado formal, el gobierno chileno negó “participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países”.
Transición presidencial bajo fuego
Marco Rubio utilizó la crisis para criticar a la administración izquierdista que deja el poder, señalando que “en su ocaso, el legado del gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional”. Al mismo tiempo, proyectó un escenario más favorable con José Antonio Kast, un líder de derecha alineado con las prioridades de Donald Trump, cuya toma de protesta será el 11 de marzo.
La controversia coloca a la nueva administración en una posición compleja frente a sus aliados. China es el principal socio comercial de Chile, mientras que Estados Unidos es su mayor inversor extranjero. El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, admitió que el país quedó “bajo fuego cruzado”.
“La creciente confrontación entre China y Estados Unidos está poniendo a los países sudamericanos entre la espada y la pared”, detalló Patricio Navia, politólogo de la Universidad de Nueva York. “Tener que elegir un bando sería devastador para Chile”.
