✨︎ Resumen (TL;DR):
- La Corte Suprema de Arizona informó que un ataque copió datos personales de FARE y otros registros judiciales confidenciales.
- FARE reúne datos de unos 1.3 millones de personas y deudas con una antigüedad de hasta 30 años.
- El tribunal ofrece una consulta para posibles afectados de FARE y recomienda congelar sus archivos de crédito.
Un ciberataque contra el sistema judicial de Arizona permitió copiar los datos personales de unos 1.3 millones de personas incluidas en FARE, el programa estatal para cobrar multas, tasas y restituciones judiciales pendientes. El ataque ocurrió el 24 de septiembre de 2026 y también copió órdenes de protección y más de 150,000 informes del Foster Care Review Board sobre menores en acogimiento. La Corte Suprema de Arizona, máximo tribunal estatal, investiga el incidente y habilitó una consulta oficial para las personas que podrían aparecer en FARE.
La evidencia inicial apunta a un correo de phishing. Un empleado recibió y abrió un enlace malicioso, y el equipo informático del tribunal detuvo el ataque en menos de dos horas desde que lo identificó.
Los archivos procedían de un servidor de respaldo. Ann Scott Timmer, presidenta del tribunal, explicó a KTAR que estaban comprimidos y requerían procesamiento para convertirse en texto legible. El tribunal sostiene que no tiene evidencia de que la información se haya compartido y que todavía no está claro si la mayor parte puede leerse fácilmente.
FARE contiene datos personales y deudas de hasta 30 años
FARE es un programa estatal que ayuda a cobrar obligaciones por infracciones de tránsito y delitos. Sus registros incluyen nombres, números de expediente y números del Seguro Social de unos 1.3 millones de personas. Las deudas pueden remontarse hasta 30 años.
Alberto Rodriguez, portavoz del tribunal, precisó en una actualización del 30 de septiembre que esos registros corresponden a personas remitidas a cobro por multas, tasas o restituciones judiciales pendientes.
El ataque también alcanzó casos de menores
El aviso oficial cifra en más de 150,000 los informes de casos actuales y pasados del Foster Care Review Board copiados durante el ataque, con registros desde 2010. Este organismo reúne paneles ciudadanos que revisan casos de menores en acogimiento y hacen recomendaciones al juez competente.
Los informes contienen información de los casos y de los menores, nombres y declaraciones de las partes interesadas, conclusiones y recomendaciones. El tribunal aclara que los documentos no incluyen domicilios ni teléfonos. La información confidencial comprometida abarca aspectos de la situación familiar y del procedimiento judicial.
Las órdenes de protección copiadas incluyen medidas activas e inactivas. En una entrevista con KTAR del 29 de septiembre, Ann Scott Timmer expresó preocupación ante la posibilidad de que alguien vendiera la información para localizar a quienes habían solicitado protección. La presidenta planteó esa posibilidad como un riesgo potencial.
Los registros de FARE y los informes de acogimiento pertenecen a conjuntos distintos. La primera cifra cuenta personas; la segunda, documentos. Por eso, sumarlas no permite calcular cuántos individuos únicos resultaron afectados.
Consulta oficial y medidas para posibles afectados
El Poder Judicial ofrece una consulta oficial para que las personas remitidas a FARE verifiquen si están entre los posibles afectados. El formulario solicita el apellido y los últimos cuatro dígitos del número del Seguro Social. La herramienta está dirigida únicamente al programa de cobro; las notificaciones sobre órdenes de protección e informes de menores siguen sus propios canales.
Para las personas que podrían estar afectadas por FARE, el tribunal recomienda congelar sus archivos de crédito con Equifax, Experian y TransUnion. Para quienes tienen una orden de protección, la medida judicial sigue vigente y las fechas de audiencia se mantienen, según el aviso oficial.
La consulta de FARE cubre únicamente ese programa. Las órdenes de protección y los informes de menores siguen sus propios canales de notificación mientras el tribunal continúa investigando el ataque.
