✨︎ Resumen (TL;DR):
- Asesores de la Casa Blanca buscan legitimar ataques militares contra puentes y plantas eléctricas en territorio iraní.
- Los ataques recientes de Estados Unidos e Israel ya suman cerca de 1,500 civiles muertos.
- Abogados militares advierten que estas acciones violan los Convenios de Ginebra y constituyen crímenes de guerra.
Asesores de alto nivel de la Casa Blanca presentaron al presidente Donald Trump argumentos legales para justificar ataques contra la infraestructura civil de Irán. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defiende que destruir plantas eléctricas y caminos detendrá el transporte de armamento y generará descontento social para frenar las ambiciones nucleares de Teherán.
Un funcionario de la Casa Blanca aseguró que los bombardeos buscan “eliminar esta amenaza para nuestro país y nuestros aliados”.
La semana pasada, Trump advirtió en un mensaje a la nación que bombardearía Irán para regresarlo “a la Edad de Piedra”. Posteriormente, publicó en la red Truth Social: “¡Próximamente puentes, luego plantas de energía eléctrica!”.
El jueves, las fuerzas armadas estadounidenses destruyeron un puente que conecta Teherán con la ciudad de Karaj. El ataque dejó un saldo de ocho muertos, según informaron medios estatales iraníes.
Riesgo inminente de crímenes de guerra
Abogados militares actuales y retirados alertan que atacar bienes civiles por motivos políticos viola las leyes de los conflictos armados. El Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra dicta que la destrucción de un objetivo debe ofrecer “una ventaja militar definida” y una contribución efectiva a la acción bélica.
Geoffrey Corn, exabogado del Ejército estadounidense, explicó al Wall Street Journal: “Podría escribir un memorando que diga que toda la infraestructura energética de Irán es un objetivo legal, pero eso sería demasiado amplio”.
Corn detalló que cada ataque requiere una evaluación individual basada en “las circunstancias relacionadas con la operación militar y las consideraciones civiles para cada objeto”.
La directiva de Trump ignora que Irán no está enriqueciendo uranio, un hecho admitido por el propio secretario de Estado, Marco Rubio. Paralelamente, la Agencia Internacional de Energía Atómica confirmó que no existen indicios de traslado de material nuclear en las instalaciones atacadas durante el verano pasado.
Especialistas legales internacionales subrayan que el Artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe explícitamente el castigo colectivo. NPR reportó que docenas de expertos en Estados Unidos denuncian “el desmantelamiento de la protección civil”.
El costo humano escala drásticamente. El Washington Post reveló que cerca de 1,500 civiles iraníes han muerto tras el bombardeo conjunto de fuerzas estadounidenses e israelíes contra hospitales, escuelas, universidades y empresas farmacéuticas.
El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió desde marzo que “la guerra contra la infraestructura esencial es una guerra contra los civiles” y que golpear servicios básicos “pueden constituir crímenes de guerra”.
Milena Sterio, profesora de derecho de la Universidad Estatal de Cleveland, declaró a PolitiFact que aunque Estados Unidos no ratificó el Protocolo I, el acuerdo ostenta “el estatus de derecho consuetudinario, el cual es vinculante para todos los estados”. La postura ofensiva de la Casa Blanca desafía frontalmente el derecho internacional ante la mirada de las organizaciones de derechos humanos.
