✨︎ Resumen (TL;DR):
- Edelson PC presentó 30 nuevas demandas contra OpenAI, después de las siete que había presentado en abril.
- El litigio llega a 37 reclamaciones; el tiroteo del 10 de febrero de 2026 dejó ocho personas muertas y decenas heridas.
- Los demandantes alegan que OpenAI no avisó a la policía tras detectar conversaciones de ChatGPT; la empresa sostiene que hoy habría remitido la cuenta a las autoridades.
Edelson PC presentó esta semana 30 nuevas demandas en un tribunal federal de California contra OpenAI y su CEO, Sam Altman, por el tiroteo ocurrido el 10 de febrero de 2026 en Tumbler Ridge, Columbia Británica. Las denuncias incluyen a docentes, al director y a estudiantes de Tumbler Ridge Secondary School, y cuestionan que OpenAI cerrara una cuenta tras detectar conversaciones sobre violencia armada sin avisar a la policía canadiense. El litigio civil ya suma 37 reclamaciones, pero ninguna de esas acusaciones ha sido probada en tribunales.
El litigio crece de siete a 37 reclamaciones
Edelson PC había presentado siete demandas en abril en nombre de familias afectadas por el ataque. La firma agregó 30 nuevas quejas esta semana, con lo que la cifra llega a 37 reclamaciones civiles contra OpenAI y Sam Altman.
Los nuevos demandantes incluyen docentes, el director y estudiantes que estaban dentro de la escuela durante el tiroteo. Algunas de las personas incorporadas a las denuncias no fueron alcanzadas por los disparos. El ataque dejó ocho personas muertas y decenas de heridas.
Los reclamos se presentaron en California, donde OpenAI tiene su sede. Acusan a la empresa y a su CEO de negligencia, responsabilidad por producto y de haber ayudado y facilitado el tiroteo.
Esta última acusación busca atribuir a OpenAI una participación más directa en el daño posterior, pero sigue siendo una alegación de los demandantes. Según la información disponible, ninguna de las acusaciones ha sido probada en tribunales y OpenAI y Altman todavía no habían presentado una respuesta de fondo a las nuevas quejas.
La cifra de 37 representa el número de reclamaciones civiles que los abogados buscan llevar adelante. No es una sentencia ni una conclusión judicial sobre la responsabilidad de la compañía.
Qué alegan las demandas sobre ChatGPT
Los expedientes ubican el inicio de la secuencia en junio de 2025, ocho meses antes del ataque. Según los documentos, Jesse Van Rootselaar, de 18 años, conversó durante varios días con ChatGPT sobre escenarios de violencia armada.
El sistema automatizado de OpenAI marcó la cuenta para una revisión humana. Los demandantes sostienen que integrantes del equipo de seguridad recomendaron avisar a la Real Policía Montada de Canadá.
OpenAI cerró la primera cuenta por una violación de sus políticas, pero no alertó a las autoridades en ese momento. Las demandas sostienen que Van Rootselaar abrió después una segunda cuenta y continuó usando ChatGPT.
La carta que OpenAI envió al gobierno canadiense confirma que la segunda cuenta fue descubierta después de que se hizo pública la identidad de la atacante. La compañía también compartió esa información con las autoridades.
Los reportes disponibles no reproducen los registros completos de las conversaciones. Por eso, todavía no se puede determinar qué respuestas dio exactamente ChatGPT, cómo evolucionó el intercambio o si existió una relación causal entre esas conversaciones y el ataque.
Los demandantes solicitan los chats y los documentos internos relacionados con la recomendación de reportar la cuenta. Esos materiales pueden ayudar a establecer qué detectó cada equipo y qué decisiones tomó OpenAI antes y después del cierre.
OpenAI defiende el umbral de reporte
En una carta del 26 de febrero dirigida a Evan Solomon, ministro canadiense de Inteligencia Artificial e Innovación Digital, Ann O’Leary, vicepresidenta de Política Global de OpenAI, explicó que la cuenta fue detectada por un sistema automatizado y después revisada por personal humano.
La empresa dijo que cerró la cuenta por una violación de sus políticas, pero que en ese momento no había identificado una planificación creíble e inminente que alcanzara su umbral interno para informar a la policía.
La misma carta señala que, bajo el protocolo reforzado de OpenAI, la cuenta se habría remitido a las autoridades si se hubiera detectado hoy. El documento también describe cambios en los criterios para evaluar amenazas y en la forma de revisar los casos.
Entre las medidas que la empresa describe están:
- La participación de especialistas en salud mental y conducta.
- La creación de canales directos con las autoridades canadienses.
- Una mejor detección de personas que intenten abrir cuentas nuevas después de una suspensión.
- Criterios actualizados para determinar cuándo una amenaza requiere un reporte.
El 28 de abril, OpenAI publicó además una explicación general de sus medidas de seguridad. La compañía afirma que sus sistemas buscan detectar actividad potencialmente peligrosa, que los casos marcados pasan por una evaluación contextual y que la policía recibe avisos cuando las conversaciones indican un riesgo inminente y creíble de daño a otras personas.
Esas reglas describen la posición actual de OpenAI. No resuelven si el criterio aplicado en 2025 fue razonable ni si la empresa incumplió alguna obligación legal.
La disputa sobre quién tomó la decisión
Las nuevas quejas mencionan a Chris Lehane, director de Asuntos Globales de OpenAI, como la persona que supuestamente habría ordenado al personal no contactar a las autoridades. No se ha confirmado que Lehane tuviera autoridad para anular la recomendación del equipo de seguridad ni que hubiera intervenido en ese caso. Además, el ejecutivo no aparece como demandado.
Jason Kwon, director de Estrategia de OpenAI, rechazó que Lehane hubiera participado en la decisión original o que el equipo de investigación le reportara. También negó que factores políticos o de relaciones públicas hubieran guiado el manejo de la cuenta.
La diferencia entre ambas versiones plantea una disputa factual que el proceso deberá contrastar con registros internos, testimonios y documentos de la cadena de mando.
Sam Altman publicó en abril una disculpa a la comunidad de Tumbler Ridge por no haber alertado a las autoridades sobre la cuenta cerrada en junio de 2025. Esa disculpa y los cambios de seguridad anunciados por OpenAI no determinan por sí mismos la responsabilidad civil de la empresa.
El tribunal tendrá que evaluar qué sabía cada equipo, qué decisiones se tomaron y qué podía esperarse razonablemente de la plataforma en ese momento.
La pregunta legal que queda abierta
Las 30 nuevas demandas amplían el litigio más allá de las familias de las víctimas e incorporan a personas que estuvieron expuestas al ataque dentro de la escuela. También plantean una cuestión jurídica más exigente: si cerrar una cuenta sin alertar a la policía y sin impedir una segunda cuenta puede considerarse una ayuda sustancial al daño posterior.
La respuesta dependerá de pruebas que todavía no se han presentado públicamente en su totalidad, incluidos los chats, los registros de moderación y las comunicaciones internas. Por ahora, el caso suma 37 reclamaciones contra OpenAI y Sam Altman, pero ninguna sentencia establece que ChatGPT haya causado el tiroteo o que la compañía sea legalmente responsable.
