La Fiscalía General de la República (FGR) de la actual administración tiene registros de haber comprado programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y también para analizar datos en masa en los años 2019 y 2020. Estas compras tuvieron un costo de cuatro contratos de $5.6 MDP a la compañía Neolinx de México, la cual ha servido como intermediaria de la italiana Hacking Team, la cual fue señalada en la administración de Peña Nieto ser una de las proveedoras de inteligencia en dicha gestión.
De acuerdo con El País, la compra de estos equipos de espionaje por parte de la fiscalía se realizaron con el presupuesto de la partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional y los datos no fueron transparentados por la dependencia. También, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que tiene un seguimiento constante sobre este tipo de contrataciones, considera que operar estos sistemas podrían violentar los derechos humanos por lo masivo e intrusivo que podría ser la vigilancia, además que se requerirían permisos judiciales para la puesta en marcha de los programas.
Una investigación de @el_pais reveló que la @FGRMexico espió ilegalmente a personas con Geomatrix en 2019 y adquirió un sistema capaz de espiar a TODAS las personas usuarias de Internet en México.
— R3D (@R3Dmx) April 14, 2021
Esta es la historia de la #FiscalíaEspía. https://t.co/Pf9GOXKhD1
Hacking Team es una empresa vinculada con ofrecer equipos de espionaje a 35 países, muchos de ellos son señalados por violaciones a los derechos humanos y México había sido su principal cliente hasta el 2015 gracias a la intermediaria Neolinx. Esto se dio a conocer gracias a una filtración de correos y documentos internos con detalles de las operaciones que realizaban.
En cuanto a los equipos que se usaron por la administración actual, se encuentra principalmente el sistema Geomatrix, el cual es un sistema de geolocalización de dispositivos móviles. Con él, e puede acceder a 25 operadores simultáneos en la red 2G, 3G y 4G, pudiendo hacer un seguimiento en tiempo real del celular proporcionando el número de teléfono o el IMSI (Identidad Internacional de Suscriptor Móvil, por sus siglas en inglés). Además, que se pueden establecer geovallas, que indican en un mapa las entradas y salidas de un equipo en un área determinada.
R3D informa que con este programa se realizaron 135 mil búsquedas geográficas, de las cuales sólo el 10.3% se comprobaron ante la auditoría, lo cual genera inconsistencias con lo reportado por la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se indica que sólo se realizaron 124 localizaciones geográficas autorizadas judicialmente. Es decir que el 99.1% de las ocasiones el equipo de Geomatrix se utilizó de forma ilegal.
En cuanto al análisis y consulta de datos masivos por parte de la FGR, El País indica que Neolinx se contrató de nuevo para la adquisición del servicio llamado Echo, el cual se compró por $1.1 MDD en 2019 y para 2020 la cifra aumentó a $1.7 MDD, y cuya compra estuvo a cargo de la Policía Federal Ministerial. A través de esta plataforma, se puede obtener información sobre un tema de interés particular de los usuarios de Internet o la recolección masiva de información de todas las personas conectadas al internet en el país. No requiere de preinstalación de algún equipo físico y opera de forma silenciosa y encubierta.
En cuanto a este caso, existen bastantes inconsistencias identificadas por los medios. La de particular importancia es el hecho de que la Auditoría Superior de la Federación no indicó que si el prestador de servicios de geolocalización, Neolinx, estaba siendo contratado con el personal calificado y necesario para resguardar la información con total confidencialidad. Una vez la auditoría realizó una visita a la empresa, el apoderado legal declaró que la firma estaba manteniendo la plataforma con personal subcontratado por otra empresa, con lo cual se alertó que el prestador del servicio no garantizó la seguridad de la información sensible a la que pudo tener acceso.
“No se verificó que las empresas adjudicadas acreditaran que contaban con la capacidad técnica y de recursos humanos, lo cual, al tratarse de servicios que implican confidencialidad y secrecía, se debió asegurar de que el prestador del servicio contara con el personal propio para otorgar los servicios”, quedó asentado en el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación.
¿Qué te parece la noticia?
Deja tu comentario