Según un reporte de la Electronic Frontier Foundation, el gobierno surcoreano implementó una política de bloqueo de sitios de Internet que aplica medidas parecidas a las que se incluyeron en la ley SOPA, una propuesta rechazada en Estados Unidos hace unos años. Al ejecutar estas nuevas políticas, el gobierno de Corea del Sur tiene la capacidad legal de pedir a los ISP que bloqueen sitios extranjeros, alegando infracciones de registros de marca en sus plataformas, esto sin la necesidad de enviar una notificación a los dueños de dichas páginas.
Esta situación se deriva de la recomendación a algunos ISP durante el último trimestre de 2013 por la Comisión de Estándares de Comunicación de Corea, de bloquear diversos sitios de Internet, entre los que se encontraba Grooveshark. El problema es que, según la legislación de ese país, las empresas que ofrecen servicios de intermediario no están legalmente obligadas a acatar una recomendación y, aunque Grooveshark retiró el contenido cada vez que las autoridades coreanas lo solicitaron, el acceso a su servicio en esa nación fue bloqueado.
Diversas organizaciones coreanas de protección a los derechos digitales se han quejado por las maneras en las que el gobierno de su país las notifica, ya que nunca envía mensajes directos a los dueños de los sitios, simplemente incluye un mensaje escrito en coreano cuando un usuario trata de acceder a la página en cuestión, desde Corea. Además, los activistas aseguran que uno de los peligros asociados con la nueva aplicación de políticas podría derivar en más abusos de autoridad, ya que si una agencia coreana tiene la capacidad legal de bloquear el acceso a sitios de Internet, otras agencias lo tendrían también. Éste es un excelente ejemplo de que los acuerdos comerciales que involucren la implementación de políticas de copyright apoyadas por empresas pueden derivar en la legitimación de censura extrajudicial.
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