Mientras que en Estados Unidos compañías como Netflix luchan en contra de los proveedores de Internet (ISP) para defender la neutralidad de la red, el Parlamento Europeo votó recientemente a favor de una nueva ley que ayudaría a prevenir que se diera una situación similar en ese continente.
A lo largo del último mes hemos reportado toda la situación que se suscitó a causa de un fallo de una corte de Washington que dio libertad a los ISP de actuar como un servicio de información en lugar de uno de telecomunicaciones, lo que resultó en concederles la posibilidad de reducir el ancho de banda a ciertos servicios, según su contenido. Este nuevo poder de decisión dio como resultado la disminución en la fluidez de transmisión de páginas como Netflix, que tuvo que pagar a Comcast (uno de los ISP más importantes de Estados Unidos) para reestablecer la velocidad normal de su servicio.
La nueva legislación europea determina que todo el tráfico de Internet debe ser tratado de manera equitativa, sin discriminación, restricción o interferencia independientemente del emisor, receptor, tipo de contenido, dispositivo, servicio o aplicación. Esto significa que los proveedores de servicios en Europa no podrán dar preferencia a ningún servicio sobre otro.
La ley aún tiene lagunas que podrían ser utilizadas por los ISP para discriminar ciertos tipos de servicio, pues si los proveedores logran demostrar que una página es un “servicio especializado” (como videoconferencias o usos médicos) podrían limitar su ancho de banda, aunque cabe destacar que esto no les permitiría dar preferencia entre servicios, de manera que, si por ejemplo, logran clasificar a Netflix como un “servicio especializado” no podrían otorgarle más ancho de banda que a YouTube, o que a su propio servicio de transmisión de video.
Este acuerdo es parte de las reformas de telecomunicaciones llamadas Continente Conectado, que también proponen eliminar las cuotas de roaming entre los países que conforman la Comunidad Europea a partir de diciembre de 2015.
Se espera que esta ley entre en vigor a finales de 2014, tras un proceso de revisión por parte de las autoridades pertinentes.
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