Esta iniciativa no es del todo sorpresiva, de hecho es una estrategia que se viene gestando desde julio de 2012, cuando el parlamento autorizó una ley para que el gobierno censure selectivamente los sitios que considere inapropiados. El problema es que el término en si mismo peca de universal, considerando que el criterio gubernamental podría tomarse demasiadas libertades, o al menos así lo creen los detractores políticos de aquella nación, que temen a que éste sea el inicio de un régimen autoritario en términos digitales.
Dichos temores tienen fundamento en un precedente que sufrieron Twitter y Facebook. Ambas redes sociales tuvieron que eliminar contenido a petición de la administración rusa, aunque los administradores admiten que eran imágenes y videos que de todos modos violaban sus términos de uso. En todo caso, Google es quien ha puesto más trabas, argumentando que a menos que se trate de contenido estrictamente ilegal o prohibido, ningún gobierno debería inmiscuirse en el contenido de la red.
