✨︎ Resumen (TL;DR):
- La CIDH publicó un informe que expone retención de pasaportes y abusos laborales en las misiones médicas.
- El Estado cubano confisca entre el 60% y el 97.5% del pago que reciben los doctores por sus servicios.
- Varios países de la región cancelan sus convenios de salud por temor a las sanciones de Estados Unidos.
El 8 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un reporte de 199 páginas que documenta violaciones laborales estructurales dentro de las misiones médicas cubanas. La investigación clasifica estas prácticas directamente como “trabajo forzado y formas contemporáneas de esclavitud”, detonando un choque diplomático en todo el continente. Mientras Washington intensifica la presión y las sanciones económicas para desmantelar el esquema, La Habana denuncia una campaña internacional de chantaje diseñada para asfixiar su economía.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, amplió en febrero de 2025 las sanciones contra los funcionarios vinculados al programa, calificándolo como un “esquema de trabajo forzado”. Ante la advertencia de represalias de la administración de Donald Trump a los gobiernos que acepten personal sanitario cubano, naciones como Honduras, Guatemala, Jamaica, Bahamas y Paraguay comenzaron a rescindir sus acuerdos con la isla.
Según detalló un reporte de NPR, los países que rompen estos contratos “tienen miedo a represalias de Estados Unidos”, de acuerdo con las palabras de William LeoGrande, profesor de la American University.
Como respuesta, el canciller cubano Bruno Rodríguez denunció que Washington ejerce una “presión feroz y chantaje” para expulsar a las brigadas de América Latina y el Caribe. Rodríguez acusó que el objetivo real de Estados Unidos no es solo “golpear el programa humanista y solidario creado por Cuba y Fidel”, sino también “seguir cortando fuentes de ingresos para nuestra economía”.

El modelo financiero detrás de las batas blancas
Las misiones de salud operan como el principal motor de divisas extranjeras para el gobierno caribeño. Las cifras oficiales recogidas por la CIDH estiman que el esquema genera aproximadamente 4,900 millones de dólares anuales. Sin embargo, la distribución del dinero hacia los trabajadores es marginal.
- Retención salarial: El Estado cubano confisca sistemáticamente entre el 60% y el 97.5% de lo que pagan los países anfitriones por cada profesional de la salud.
- Restricciones severas: Basado en testimonios de 71 profesionales desplegados en 109 países, el reporte de la CIDH confirma abusos como la confiscación obligatoria de pasaportes.
- Alcance histórico: Desde la primera brigada enviada a Argelia en 1963, Cuba ha movilizado a más de 600,000 profesionales a 165 naciones durante seis décadas.
A contramano de la tendencia regional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno mantendrá activo el convenio. “Es un acuerdo bilateral que beneficia mucho a México”, declaró, asegurando que en este caso particular los médicos cubanos “reciben su salario” de forma directa.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó categóricamente las acusaciones de la CIDH, tachándolas de “campaña de desprestigio”, y lanzó una advertencia afirmando que “cualquier agresor externo se encontrará con una resistencia inquebrantable”. Hoy, la CIDH insta a todos los países del hemisferio a suspender su participación hasta que se garanticen condiciones de trabajo dignas, poniendo en jaque al pilar económico más longevo y lucrativo de Cuba.
