El 7 de marzo pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó que América Móvil (empresa matriz de Telcel) y Grupo Televisa son “agentes económicos preponderantes”, en lo que se refiere al terreno de las telecomunicaciones. Esta declaración estuvo acompañada por sendas listas de requisitos que ambas compañías deberán seguir para garantizar la competitividad, así como para mejorar el servicio para sus clientes. Y aunque estas medidas seguramente impactarán en el servicio ofrecido por las 2 empresas, el elemento que realmente tiene la capacidad de cambiar el rumbo de las telecomunicaciones en nuestro país, es el proyecto de leyes secundarias que fue presentado por el Ejecutivo al Congreso ayer, 24 de marzo.
Entre las propuestas del presidente Enrique Peña Nieto se encuentran modificaciones a 8 artículos de los 312 artículos que componen la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como nuevas leyes reglamentarias y satelitales, que podrían reflejarse en diversas sanciones, que incluirían la revocación de concesiones, en el caso de que las empresas no cumplan con la nueva normatividad.
Esta reforma permitirá el desarrollo de un sector estratégico para nuestra competitividad económica y la calidad de vida de los mexicanos.
— Enrique Peña Nieto (@EPN) March 24, 2014
En el caso de las empresas televisivas, éstas deberán hacer públicas sus listas de precios para publicidad y mantenerlas para todos los anunciantes, sin importar de quién se trate. Además, el tiempo de transmisión destinado a los anuncios estará limitado a 18% y la propaganda política ya no podrá ser presentada como noticias. Asimismo, cada una de las empresas que brinden estos servicios deberá designar a un mediador para que se encargue de recibir, canalizar y dar seguimiento a las quejas o inconformidades de los televidentes.
Uno de los puntos clave del proyecto es la propuesta de que, en el caso de que se presente una suspensión de servicio injustificada, las empresas de telecomunicaciones podrán ser multadas con hasta 5% de los ingresos generados en territorio mexicano, durante el ejercicio fiscal en el que se haya generado la infracción, y en el caso de que éste no esté disponible, se utilizará el ejercicio previo como base para calcular el total de la multa. Ahora bien, si la empresa reincide, el IFT podrá duplicar el monto de la multa. También se contemplan penas de hasta 3 meses de prisión para los empleados de empresas de telecomunicaciones que revelen información sobre los usuarios de manera indebida.
Esta situación ha causado revuelo y preocupación en el sector de radio y televisión, ya que algunas empresas consideran que las nuevas medidas, así como el aumento a los motivos que pueden derivar en una revocación de concesiones, los dejan en un estado de inseguridad jurídica. Estos temores y la crítica al aumento de las multas, cuyo tope anterior era de $500,000 MXN, fueron reveladas mediante un comunicado interno de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).
La propuesta indica que, mientras América Móvil cuente con más de 50% de los suscriptores de telefonía celular en México, no podrá requerir el pago de ningún tipo de cuota a su competencia al recibir llamadas entrantes; sin embargo, estas empresas sí podrán cobrar a América Móvil cuando los clientes de la compañía preponderante llamen a los suyos. Cabe mencionar que cuando la competencia alcance un nivel aceptable, el IFT eliminará las cuotas de interconexión de manera general. Además, América Móvil deberá dejar de cobrar cargos por larga distancia dentro del territorio mexicano dentro de los 3 años siguientes a la aprobación de la propuesta de ley. Se calcula que estas medidas causarán un detrimento de 8% sobre las ganancias de esta compañía durante 2020.
Además, por su carácter de entidad preponderante, América Móvil estará obligada a someter a aprobación del IFT cualquier modificación a las tarifas establecidas y a las políticas de interconexión. Esto derivado de la capacidad regulatoria de la organización en cuestiones de tarifas, interconexión e infraestructura. Cabe señalar que las nuevas atribuciones del IFT han generado inquietud entre los partidos de oposición, quienes han expresado su interés por reducir algunas de ellas y ponerlas en manos del Poder Ejecutivo.
Para que el proyecto sea aprobado, se requiere una mayoría de votos. No obstante, la oposición declaró que la propuesta es inaceptable, pues se aleja de ciertas nociones establecidas durante la reforma de telecomunicaciones aprobada en 2013. Algunos legisladores del PRD declararon que se asegurarán de que el proyecto se apegue a lo establecido en la Constitución y aseguraron que “vamos a analizar en ambas Cámaras muy bien lo que va a mandar el Ejecutivo para que la ley secundaria en materia de telecomunicaciones no pueda, bajo ninguna circunstancia, oponerse o contradecir la reforma constitucional que en esa materia acaba de realizar el propio Congreso [sic]”. Por su parte, el Ejecutivo señaló que su propuesta es completamente compatible con los criterios del IFT y con su declaración de preponderancia para las empresas ya mencionadas.
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